Urgencia de recursos acelera desarrollo del Arco Minero
Hay premura en el Gobierno por encontrar dinero en volúmenes significativos para sobrellevar la coyuntura, por lo que ha centrado sus esfuerzos en el Arco Minero con la esperanza de que el oro provea lo que el petróleo no puede, aunque eso implique saltarse procedimientos y encender las alarmas ante una eventual tragedia ecológica.
En agosto de 2011, el entonces Presidente de la República, Hugo Chávez, aprobó el Proyecto de Desarrollo Estratégico de la Faja Petrolífera del Orinoco y del Arco Minero de Guayana, con el cual esperaba hacer un desarrollo conjunto de la explotación de recursos naturales y garantizar mayores ingresos. Desde entonces los planes de explotación minera han ido y venido dentro de la agenda gubernamental, pero nunca lograron el impulso que ahora les ha dado Nicolás Maduro, quien ya firmó contratos que comprometen a la República y de los que pocos detalles han sido suministrados públicamente.
Según Chávez, “del lado sur del Orinoco hay un arco minero que comienza por acá, por esta zona donde están los diamantes, la bauxita, el coltán, y la zona del oro, forman un arco: el Arco Minero de Guayana o del Orinoco. Son grandes extensiones donde reside un gran potencial y un gran poderío económico”. Y en efecto así es.
Se estima que en el Arco Minero yacen las segundas reservas de oro y hierro más grandes del mundo y las sextas reservas de diamantes, y cálculos apuntan a que en principio la explotación del área puede aportar unos 14 mil millones de dólares al Estado.
En febrero pasado se firmaron los primeros acuerdos para la cuantificación y certificación de reservas de los principales minerales que se encuentran en allí, lo que servirá de aval en los contratos posteriores que se vienen negociando con inversionistas de China, Rusia, El Congo, Arabia Saudita, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Suiza.
En agosto ya se avanzó en forma directa a la firma de varios convenios de explotación. Uno de ellos se suscribió con la Corporación Faoz, C.A., para operar el yacimiento Tantalio-Niobio; y otro se firmó con Gold Reserve Inc. que explotará los yacimientos de oro y cobre de Brisas-Las Cristinas. En ambos casos se constituyen empresas mixtas con el Estado venezolano.
Este lote de acuerdos, según ha dicho el propio Nicolás Maduro, involucran 4.500 millones de dólares. “Son recursos que vienen a mover la economía, a desarrollar la economía venezolana. Son recursos necesarios”, dijo.
Bolsillos vacíos
La gestión del Presidente Nicolás Maduro experimenta una creciente necesidad de recursos debido a los bajos ingresos petroleros que percibe la nación, la ausencia casi total de ahorros para compensar este descenso y el compromiso de pago de altas porciones de deuda, todo esto en un contexto de fuerte presión social, por el efecto pulverizador de la crisis económica sobre la calidad de vida de la población, y de confrontación política, que ha colocado a las autoridades frente a la posibilidad de un referendo revocatorio.
Se han hecho pequeñas operaciones con el oro monetario de las reservas del Banco Central de Venezuela para levantar recursos, mientras se negocian opciones para distanciar fechas de pago de la deuda y generar algún alivio por esa vía, mientras se emprenden cruzadas internacionales en búsqueda de una estabilización del precio del petróleo. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes para un país que comenzó el año 2016 con una brecha en sus cuentas externas estimada en cerca de 40 mil millones de dólares.
De allí que el Gobierno tomó la decisión de restringir el flujo de divisas destinadas a atender las necesidades de la economía interna. Sus proyecciones indican que este año las importaciones sólo llegarán a 20 mil millones de dólares, el equivalente a 776 dólares por habitante, un 40% menos que en 2015.
Esto ha impactado a todas las áreas de la vida nacional, pero esencialmente a la actividad productiva paralizando industrias y agudizando problemas como el desabastecimiento y la inflación, un cuadro que el Gobierno necesita compensar de alguna manera. Ante la urgencia por levantar fondos el Arco Minero parece ser la respuesta rápida, pero a qué precio.
Los puntos críticos
El Arco Minero tiene una extensión que supera los 111.800 kilómetros cuadrados, cerca de 12% del territorio nacional, donde además de minerales valiosos hay selvas, una extraordinaria biodiversidad, fuentes de agua fundamentales y pueblos indígenas, como sostienen diversas organizaciones ambientalistas e incluso líderes de izquierda que han levantado su voz crítica frente al proyecto.
De acuerdo con Provea, el Arco Minero fue creado sin respetar la orden constitucional (Art. 129), según la cual “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”.
Uno de los impactos más directos que podría observar la población en general se daría en los flujos de agua de la zona, lo que mermaría la capacidad de generación hidroeléctrica, acentuando las recurrentes crisis eléctricas del país.
Además de esto, el Ejecutivo ha dado curso a estos acuerdos sin validarlos con la Asamblea Nacional aun cuando la Constitución de la República así los establece en el numeral 9 del artículo 187.
Para el diputado opositor Américo De Grazia no hay nada que justifique los daños ambientales y las violaciones a la Constitución vinculadas con el Arco Minero, de donde el Gobierno dice que podrían obtenerse 14 mil millones de dólares, es decir, casi el monto de la deuda externa a cancelar durante 2016, estimada en 19.227 millones. A su juicio, esto es “un sinsentido”.
Unidad Periodística de Econométrica
