¡Porque sólo anticipándote podrás triunfar. Porque sólo podrás anticiparte si tienes un plan!

Maduro ha gobernado 53 meses con Habilitantes y decretos de emergencia

Mediante los poderes especiales ha diseñado marcos legales para imponer más controles e incrementar el cerco a las industrias.

Desde que Nicolás Maduro llegó a la Presidencia en abril de 2013  ha señalado que la “guerra económica”, promovida por el Imperio y los empresarios, no lo ha dejado gobernar, pero en 58 meses de mandato, 53 ha gobernado con leyes habilitantes y decretos de emergencia económica. Y ahora utiliza la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Por esas vías, el mandatario ha creado marcos legales y reformado instrumentos que han reforzado el modelo de controles y ello, junto con la aplicación de acciones desordenadas, han acentuado los desequilibrios. La producción se ha desplomado, y en consecuencia, hay fallas de abastecimiento e hiperinflación.

 

Más regulaciones en materia de precios

Con la Habilitante de 2013, el primer texto aprobado fue la Ley de Precios Justos que se empezó a aplicar en el marco del “Dakazo”. El Gobierno ordenó fijar “precios justos” en toda la cadena de producción, estableció una ganancia máxima de 30 %, y declaró de utilidad pública todos los bienes para desarrollar la producción, fabricación e importación de productos.

Esta Ley fue reformada en diciembre de 2014 para imponer más sanciones a las industrias y los comercios por especulación, acaparamiento, reventa de productos, entre otros delitos. Montos que se incrementaron con la modificación de 2015.

Aunque está la Ley de Precios Justos está vigente, Maduro utilizó la ANC para crear el texto de Precios Acordados que permite a los trabajadores y las comunas tener injerencia en la definición de los precios. Entre sus disposiciones se encuentra que el Estado establecerá la tasa de cambio para la estimación de las estructuras de costos, “cuando corresponda y según el peso relativo que tenga el bien o componente importado en la estructura del producto”.

Cerco a la producción 

En materia de producción hubo ajustes para restringir más la entrega de dólares. En 2013, el Ejecutivo constituyó la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) para importar y suministrar los bienes e insumos que las empresas públicas y privadas necesitan para producir. Y adicionalmente, Cadivi se transformó en el Centro de Comercio Exterior (Cencoex).

Luego en 2014 y 2015 se reformó  la Ley de Régimen Cambiario para incrementar las sanciones y  dejar en manos de un solo ente la entrega de certificados de producción, condicionando la autorización de ese documento, pero todavía ello no se ha ejecutado.

A los textos mencionados se suma la Ley Antimonopolio que se autorizó en 2014 y con la cual Maduro puede regular “la actividad económica productiva” mediante la prohibición de conductas monopólicas, oligopólicas y de abuso de posición de dominio. Quedan excluidos de este control las empresas públicas.

En 2014 el mandatario también  avaló la Ley del Sistema Nacional Agroalimentario con el fin de tener “una plataforma tecnológica para ejercer control de la cadena agroalimentaria”, lo que abarca las guías de movilización que se imponen desde 2007 y que permiten al Estado saber cuánto produce cada empresa y definir el destino de cada rubro.

Con el decreto de emergencia económica el cerco creció. Bajo esa norma, se  conformaron los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para la distribución de bolsas de comida, pero a dichas instancias se les dio el poder de supervisar la elaboración y despacho de artículos básicos. Dominio que lleva a que más de 50 % de la producción de alimentos y rubros de higiene sea para los Comités.

El poder de los Clap se eleva con la norma autorizada por la ANC. En dicho instrumento se mantiene que los Comités deben controlar la producción y el abastecimiento. Se incluyen los “fiscales populares” que participarán en las inspecciones de industrias y comercios.

Las sanciones de los textos de la ANC toman en cuenta la nueva Unidad Tributaria Sancionatoria, cuyo monto se rige por la inflación, que hoy en día es de cuatro dígitos.

Manejo discrecional de las finanzas 

Con las leyes de la Habilitante fue revisada la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) en dos oportunidades. La primera modificación para incluir diamantes y otras piedras preciosas y yuanes en las reservas, debido al bajo nivel de los activos. La segunda fue para impedir al Parlamento remover al directorio del ente emisor y facultarlo a ocultar información. Desde 2015 el Central no ha publicado los datos de inflación ni el comportamiento de la economía.

Con los poderes especiales aumentó el manejo discrecional de las finanzas. A los cambios en la Ley del BCV se sumaron los ajustes a la Ley de Administración Financiera para evitar que la Asamblea Nacional revise las condiciones financieras de las emisiones de bonos. Y mediante  los decretos de emergencia se impidió a los diputados aprobar los créditos adicionales y las leyes de presupuesto.

Los cambios también se registraron en las leyes tributarias con el objetivo de obtener más recursos.  Se subió el impuesto al alcohol, se revisó el Impuesto sobre la Renta (ISLR) y aumentó la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los bienes suntuarios. A la par, el Código Orgánico Tributario se reformó para elevar las multas y penas a las industrias y comercios y aumentar los poderes del Seniat. En 2015, la tasa del ISLR se ajustó de 34 a 40 %.

Mayela Armas

@mayearmas