Gobierno enfrenta la escasez sin atender la crisis de producción
Combatir la escasez se ha convertido en la prioridad del Gobierno y es el foco de todos los esfuerzos oficiales, sin terminar de articular decisiones que corrijan los problemas económicos de fondo que son la causa de la disminuida oferta en el mercado venezolano.
La Gran Misión Abastecimiento Soberano es la materialización de esta línea de acción del Ejecutivo, que primero ataca las consecuencias y luego abre un espacio para atender parte de la raíz de los problemas. De hecho, este plan viene enmarcado en el contexto legal de la emergencia económica, que le brinda facultades al Ejecutivo para, entre otras cosas, actuar sobre personas naturales y jurídicas para garantizar el abastecimiento de bienes de primera necesidad.
El texto del Decreto No. 11 que da vida a la nueva misión, responde a este reiterado esquema de trabajo. Entre sus considerandos afirma que “persisten ciertas situaciones de índole económico y político que han ocasionado una distorsión en los mecanismos y niveles de abastecimiento de ciertos productos estratégicos para la satisfacción de las necesidades elementales del pueblo venezolano, las cuales requieren de la implementación de urgentes y extraordinarias medidas que faciliten la regularización de la disponibilidad oportuna y suficiente de tales rubros en cada rincón del país”.
Desde la óptica oficialista, en buena medida las causas de la escasez reposan en “situaciones” que, según han afirmado sus altos voceros, forman parte de la guerra económica emprendida desde fuera y dentro del país contra el Gobierno. De allí que la respuesta planteada por el Gobierno sea la de profundizar los controles, las fiscalizaciones y la toma de lo poco que se produce, lo que augura un panorama más complicado del que ya tiene el país.
Sin músculo productivo
La contracción productiva es el elemento clave de la crisis de abastecimiento actual. Esta situación es el resultado de más de diez años de una política gubernamental que ha cercado la actividad del sector privado, a través de estatizaciones e intervenciones, a la par de controles de precios y regulaciones, a lo que se sumó el corte en la asignación de las divisas necesarias para que las empresas importaran materias primas y equipos, y pudieran repatriar el fruto de sus operaciones en Venezuela si se trataba de transnacionales.
Esta crisis podía ser compensada gracias al torrente de petrodólares que ingresaba al país. Se estima que de 2005 a 2014 el país percibió unos 700 mil millones de dólares por ventas de petróleo, recursos que ocultaban las deficiencias del mercado con crecientes importaciones, en las que cada vez ganaba más peso el Estado como comprador en el exterior.
Pero los precios del petróleo comenzaron a caer después de 2013 y la posibilidad de disponer de recursos para atender las necesidades del país disminuyó a niveles dramáticos. Para 2016 el mejor escenario del Gobierno es que se alcance un total de importaciones por 20 millardos de dólares, 44% menores a las de 2015, cuando ya la escasez era elevada y obligaba al Gobierno a activar controles de venta de los productos básicos.
En julio el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, reconoció que recién comenzará una ligera reactivación en el ingreso de mercancías a los puertos, después de que “no hubo (importaciones) en dos meses y medio, casi tres meses. Era una situación de muchísima restricción”.
El sector privado lleva meses alertando sobre la situación, advirtiendo que las políticas adoptadas por el Ejecutivo llevaban a la paralización de las empresas, con todas las implicaciones que esto implica. En junio, según Conindustria, 47,5% de las industrias sólo tenía inventarios de materia prima para menos de tres meses de actividad.
La economía acumulaba al cierre de 2015 ocho trimestres de contracción, situación que se ha profundizado este año. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía venezolana reportará una caída de 10% con respecto a 2015.
Sistema de prioridades
A pesar de esta realidad, la Gran Misión Abastecimiento Soberano comenzó su actuación sobre los agentes productivos de la economía en un intento por canalizar un mayor volumen de productos hacia las redes de distribución y comercialización, con énfasis en el sistema público y prioritariamente los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, ya ha explicado que la idea es canalizar 70% de la producción de las plantas de alimentos a los CLAP y dejar el restante 30% para surtir los otros canales de comercialización.
Por su parte Freddy Bernal, coordinador de los CLAP, también ha explicado que la prioridad es atender a las clases con menos ingresos de la población por esta vía, dejando a las clases media y alta proveerse de productos que podrían ser traídos al país por importadores que coloquen sus propias divisas para hacerlo, ya que tienen mayor capacidad adquisitiva para pagar los precios a los que habría que vender tales productos.
En un segundo plano, la Gran Misión Abastecimiento Soberano -a través de siete vértices de acción- se ocupará del tema productivo, algo que luce complejo si no se atacan las causas que han paralizado la actividad económica, lo que requiere medidas económicas concretas sobre diversos aspectos, pero particularmente sobre los controles de precios y de cambio.
Unidad Periodística de Econométrica