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Alta inflación le roba la capacidad de consumo al venezolano

Venezuela suma tres décadas viviendo altos niveles de inflación, durante las cuales los salarios han llevado las de perder frente al alza constante de los precios de los bienes y servicios. En esta carrera sin frenos, el Gobierno ha autorizado 32 aumentos del salario mínimo desde 1999 hasta la fecha, sin lograr el objetivo de preservar el poder adquisitivo de la población y, en consecuencia, sin poder evitar un deterioro en su calidad de vida.

Al contrario, la erosión inflacionaria sobre el poder de compra del ingreso ha sido aún más devastadora recientemente. Econométrica calcula que de 2009 a 2016 el valor del salario mínimo ha caído 56,9% a pesar de los incrementos decretados, por lo que el venezolano aunque recibe más dinero cada vez compra menos con él, lo que afecta su consumo de cosas básicas, como alimentos. A esto se suma el fantasma de la escasez, que en algunos rubros se estima por encima de 70%.

La Encuesta Sobre Condiciones de Vida (Encovi), realizada entre 2014 y 2015 por académicos de las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, muestra que en sólo un año hubo un aumento de 53% en el número de hogares en situación de pobreza. El estudio determinó que 75,6% venezolanos son pobres.

En 2015, según las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, la inflación fue de 180,9% y en el área de alimentos alcanzó a 315%. Este resultado es particularmente grave en el estrato social más pobre, donde la mitad del ingreso es destinada a la compra de alimentos.

El sociólogo Luis Pedro España, uno de los autores de Encovi, señala que adquirir frutas para toda la semana es determinante en 20% de la población, el segmento con más altos ingresos, que igualmente tiene la posibilidad de comprar el resto de los alimentos. En el segmento con menores ingresos, la mayoría, la referencia alimenticia semanal es la pasta, que es lo que más se consume ante la imposibilidad de adquirir otros productos.

Según datos del Observatorio Venezolano de la Salud, actualmente el venezolano de bajos ingresos se refugia en los alimentos que puede comprar y que le garanticen calorías, aunque no necesariamente sean nutricionalmente los mejores. Sus estimaciones apuntan a que los más pobres concentran 75% de su dieta en carbohidratos.

El cuadro se agrava debido al alto nivel de escasez, que impide reemplazar un producto por otro, lo que deteriora todavía más la calidad del consumo.

Pero la presión inflacionaria no ha pasado. Al contrario, apretó el paso en lo que va de 2016. Econométrica estima que llegó a 23,1% en enero y a 15% en febrero, y que de mantenerse las distorsiones actuales en el país la inflación podría escalar a una tasa superior a 30% mensual. El Fondo Monetario Internacional calculó que el año terminará con una tasa de 720%.

Aunque desde las filas del Gobierno se argumenta que la aceleración de los precios responde exclusivamente a la “guerra económica” que hacen en su contra, atribuyendo así la responsabilidad del fenómeno a elementos externos a su gestión iniciada en 1999, existen factores estructurales propios del modelo económico que estimulan la inflación.

El desequilibrio fiscal se cuenta como la causa fundamental de este fenómeno. Se trata de un desbalance entre los ingresos y los gastos de la nación, un escenario donde lejos de acordar una reducción de las erogaciones para lograr un equilibrio con el nivel de ingresos, se ha recurrido a lo largo de los años a una práctica poco saludable para las finanzas públicas: la monetización del déficit.

El faltante se ha cubierto generando más bolívares. El Banco Central de Venezuela ha venido financiando a empresas públicas, como Pdvsa, emitiendo dinero para cubrir el gasto en un contexto de recurrentes mediciones electorales, donde políticamente era conveniente tener holgura de recursos. Pero se trata de billetes creados directamente por el BCV, que elevan la oferta monetaria sin que exista una contraparte en bienes, aumentando así el nivel general de los precios.

Frente a esto existe el control de precios, cuya esencia es proteger al ciudadano. Sin embargo, las distorsiones en esta política adoptada en 2003 han terminado castigando al consumidor. Los precios rezagados durante años generan daños sobre el aparato productivo y se convierten en uno de los factores fundamentales del desabastecimiento de muchos rubros, favoreciendo la aparición del mercado negro de bienes básicos que luego, cuando al final se revisan los precios regulados, terminan implicando fuertes incrementos.

Recientemente se han hecho algunos ajustes de precios, pero según los representantes de los sectores involucrados todavía no se logran cubrir los costos de producción. Es decir, que aunque el consumidor sentirá ahora el impacto de estos aumentos, todavía persiste el rezago y la distorsión, señal clara de una inflación que se mantiene represada, pero que igualmente llegará por esta vía.

Unidad Periodística de Econométrica