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El Gobierno acelera el endeudamiento sin control

Desde hace siete años el Ejecutivo ha incrementado el endeudamiento y ha reformado marcos legales para evitar la fiscalización a las operaciones de crédito público.

El endeudamiento de la República va sin frenos. El Presidente Nicolás Maduro aprobó la Ley de Presupuesto de 2017 sin pasar por la Asamblea Nacional (AN) y junto a ese marco legal también autorizó la Ley de Endeudamiento. Este episodio se suma a la larga lista de acciones que ha ejectuado el Gobierno, que van desde el aumento de la deuda hasta la eliminación de las atribuciones de los diputados a revisar las operaciones de crédito público.

El jefe de Estado en parte sigue la línea del ex presidente Hugo Chávez, quien durante su gestión tuvo un manejo discrecional del gasto y de la deuda.

¿Cómo arranca la discrecionalidad?

En 2009 empezó el manejo discrecional de la deuda del Gobierno central con la reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (Loafsp).

El descenso de los precios del petróleo de ese año obligó al Ejecutivo a cubrir la brecha de ingresos con el aumento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el endeudamiento adicional. En ese ejercicio, la Asamblea aprobó la modificación de la Ley para permitirle al Gobierno gestionar más deuda en “casos de emergencia o reducción de los ingresos fiscales”.

Gracias al cambio, se autorizó un endeudamiento complementario por 25 millardos de bolívares, pero el Ejecutivo necesitaba de más opciones para endeudarse. A mediados de 2009 volvió a modificar el marco legal para dar luz verde a los entes oficiales y las empresas estatales a realizar emisiones de bonos con garantías de activos de la Nación.

En ese período la deuda del Gobierno, que por tres años había estado en 44 millardos de dólares, se disparó a 59,9 millardos de dólares, según las cifras del despacho de las Finanzas.

La necesidad de acelerar el endeudamiento para atender el gasto público de 2011, que crecía por las nuevas misiones, impulsó a Chávez a tramitar deuda complementaria por 45 millardos de bolívares. Lo cual se repitió en 2012, año electoral. La solicitud de nuevas operaciones por 30 millardos de bolívares se acompañó de un ajuste legal.

Mediante Habilitante, el fallecido presidente firmó una nueva reforma de la Ley de Administración Financiera para sustentar la deuda complementaria y se contempló que la misma se pediría cuando se tuviera como fin atender el servicio de deuda pública o cubrir circunstancias “no previstas o difíciles de prever”.

En la disposición cambiada se incorporó un párrafo que le permitiá al presidente aprobar la deuda sin el aval de la AN.

Se indicaba que “será requisito indispensable que las operaciones de crédito público tienen que ser aprobadas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y puede decretar los créditos adicionales que fuesen necesarios. Para hacer uso esas atribuciones conferidas al Presidente no será preciso contar con la autorización de la Asamblea Nacional, ni con la opinión del Banco Central de Venezuela. No obstante, estos serán informados por el Ministerio de Finanzas dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de las operaciones. Esta disposición prevalecerá sobre cualquier otra que colide”.

Pese a lo que establecía la norma, la condiciones financieras de la deuda adicional fueron notificadas al Parlamento, lo cual se repitió en 2013 cuando el actual mandatario le pidió a los diputados que le aprobaran deuda complementaria por 76 millardos de bolívares.

Para 2013 las obligaciones del Gobierno central fueron equivalentes a 115,2 millardos de dólares, de manera que en cuatro años subieron 161%.

Ese aparte de la Ley de Administración Financiera, que permitía saltarse a la AN, luego fue eliminado en la reforma de 2014, pero Maduro, empleando una Habilitante, volvió a revisar la Ley y en diciembre de 2015 le quitó las atribuciones a los diputados para revisar las condiciones financieras de las emisiones de bonos.

Ese instrumento señala que el Ejecutivo solamente informará semestralmente al Parlamento de los términos que se fijen para las operaciones de endeudamiento. Eso significa que cada seis meses los diputados sabrán cómo fueron las colocaciones en bolívares o en dólares.

Hasta junio de este año la deuda interna y externa representaba 131 millardos de dólares.

La discrecionalidad lleva a que los fondos paralelos también puedan emitirse sin control. En 2012 Chávez reformó los decretos del Fonden y el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, para que esos mecanismos hagan operaciones de crédito público.

Las emisiones del Fondo Simón Bolívar, indican los datos de Finanzas, sumaron 31 millardos de dólares al cierre de la primera mitad de este año.

Bajo el argumento de que el Parlamento está en desacato, y usando el decreto de emergencia económica, el jefe de Estado envió al TSJ la Ley de Endeudamiento 2017, que ya está publicada en Gaceta Oficial.

El endeudamiento para el próximo año se estima en 240 millardos de bolívares, de los cuales 115 millardos de bolívares serán para servicio de deuda interna y externa y 69 millardos de bolívares para refinanciamiento, el resto se orientará a proyectos. Sin embargo, esas futuras emisiones no tendrán soporte de los diputados, lo cual incrementará la incertidumbre sobre la administración de la deuda pública.

Mayela Armas

@mayearmas