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TSJ crea vías para que el Gobierno busque fondos sin rendir cuentas

Sentencias 155 y 156 del máximo tribunal le garantiza luz verde al Gobierno  para cualquier operación y contrato en negociación que comprometa patrimonialmente a la República sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional

Más allá de los aspectos legales, constitucionales e institucionales implicados, así como las eventuales consecuencias internacionales que se puedan generar, las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en los últimos días han creado las condiciones ideales para que el Ejecutivo nacional pueda construir las vías con las cuales obtener recursos financieros sin rendir cuentas y sin solicitar autorizaciones.

Se trata de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, que llevan al TSJ a asumir las funciones de la Asamblea Nacional con lo cual sus magistrados adoptan roles legislativos y contralores propios de los diputados; y que también limitan el alcance de la inmunidad parlamentaria y, en proporción, amplían el cerco y las restricciones que se pueden aplicar a quienes fueron elegidos popularmente para ocupar una curul en la AN.  Adicionalmente en tales sentencias se amplían los poderes que dispone el Presidente de la República y que ya estaban excedidos por la vía del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, a lo que se suma la libertad otorgada al Ejecutivo para que constituya nuevas empresas mixtas en el sector petrolero.

Con estos instrumentos el Gobierno garantiza luz verde a cualquier operación y contrato en negociación que comprometa patrimonialmente a la República y que antes, según lo establecido por la Constitución, debían ser expuestos a la Asamblea Nacional para obtener su aprobación.

“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, señala la sentencia 156.

Esto se produce en un contexto de estrechez de ingresos para la nación, con compromisos de deuda este año por el orden de los 17 millardos de dólares, como ha asegurado el ministro de Finanzas, Ramón Lobo, y con las reservas internacionales sosteniéndose precariamente alrededor de los 10,5 millardos de dólares, un cuadro que se traduce en mayor restricción de importaciones con su consecuente impacto en la actividad económica y en el abastecimiento. En este mismo escenario el Gobierno avanza en negociaciones para ceder acciones en las empresas mixtas del sector petrolero, activar proyectos de explotación minera y contratar nueva deuda, operaciones que ahora podrá validar directamente o a través del TSJ.

Reacios a rendir cuentas

El Ejecutivo nacional ha desconocido a la AN de mayoría opositora desde su instalación en enero de 2016 y por eso ha buscado diversas vías para evitar gestionar algún trámite frente a esa instancia. Por esta razón se han venido creando vacíos e inconsistencias legales y hasta constitucionales que condicionan cualquier trato con la República, y ponen en entredicho los que el Gobierno ha activado en este último año sin el aval de la AN.

La Asamblea Nacional ha expuesto la ilegalidad de varias negociaciones que ha hecho el Gobierno en este último año y ha alertado a la comunidad internacional al respecto, porque al incumplirse el mandato constitucional queda en duda si existe o no obligación de la República de pagar los financiamientos que se obtengan en medio de esta irregularidad.

Para los parlamentarios la ley es clara al obligar al Gobierno a rendir cuentas de lo que hace y a someter a control de la AN los contratos que comprometen las finanzas y el patrimonio de la nación. Sólo basta con presentar los proyectos, con los estudios de factibilidad y de costos, para lo cual los funcionarios responsables deben responder a los cuestionamientos de los asambleístas, y si todo está en orden y las propuestas cumplen un propósito para el beneficio del país serían aprobadas, de lo contrario serían rechazadas, tal como lo ha explicado en distintas oportunidades el diputado José Guerra.

Asegura además que los organismos financieros, como la CAF, están al tanto de la irregular manera como el Gobierno viene tramitando créditos internacionales y por esa razón no van a autorizarle recursos al país. “Todo endeudamiento tiene que ser aprobado mediante una ley por la Asamblea Nacional, cualquier endeudamiento que no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional no será reconocido por el Estado venezolano”.

Por eso la AN declaró nula la operación de venta de acciones a la petrolera rusa Rosneft en la empresa mixta Petromonagas por unos 500 millones de dólares, pues debió ser sometida a la consideración de la AN para su aprobación y no fue así.  “La Ley Orgánica de Hidrocarburos en su artículo 33 establece que toda venta de acciones de empresas mixtas de Pdvsa a una empresa extranjera debe pasar por la Asamblea Nacional, eso es tomado del artículo 150 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y en el artículo 187 numeral 7 se ratifica que es la AN quien aprueba estos contratos”, asegura el diputado Elías Matta.

La AN desconoció también los más recientes acuerdos suscritos por la República con China y las deudas que se han generado por esta vía sin su aprobación.

A esta lista se suma el desarrollo del Arco Minero y proyectos conexos, porque su decreto de creación -del 24 de febrero de 2016- nunca fue presentado a la AN, aunque así lo establece la Constitución de la República en el numeral 9 de su artículo 187.

Una espina que incomoda

Lejos de pensar en elevar estos temas ante la AN, el Ejecutivo buscó otra solución. De hecho, incluyó el tema del reconocimiento del Parlamento a las operaciones financieras en los puntos que esperaba pactar con la oposición durante el proceso de diálogo. En el “acuerdo de convivencia democrática”, que en enero se puso sobre la mesa de negociación, el Gobierno pretendía -entre otras cosas- que la oposición se comprometiera a “revisar por parte de la Asamblea los acuerdos de financiamiento suscritos por el Gobierno Nacional con miras a lograr su aprobación para promover el desarrollo de la economía nacional”.

Allí se incluyó un llamado a “explorar la voluntad para que la Asamblea Nacional apruebe el Presupuesto y la Ley de Endeudamiento (de 2017) de forma tal que se logre normalizar la gestión financiera y el papel fiscalizador de la Asamblea (…)  Una vez restablecida la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se podría considerar la posibilidad de un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se compromete a honrar los compromisos financieros de la República”.

Esto fue rechazado por la Mesa de la Unidad Democrática que, específicamente en lo referido a las operaciones financieras, argumentó que se pretendía lograr el reconocimiento de la AN sobre contratos ya suscritos, sin que se hubieran revisado sus condiciones y los términos en los cuales se comprometió a la República.

Reacciones posibles

Las sentencias del TSJ han desatado fuertes reacciones a nivel internacional, con posiciones duras y críticas de parte de distintos Gobiernos que ven con preocupación el deterioro del sistema democrático.

Estados Unidos, por ejemplo, señala que “esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho a determinar el futuro de su país a través de sus diputados electos”.

Por su parte el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó el hecho como un “autogolpe de Estado del régimen venezolano” contra la Asamblea Nacional, por lo que solicitó la convocatoria “urgente” del Consejo Permanente de la OEA para discutir la situación del país.

No hay que olvidar que Almagro ha propiciado la activación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela por estimar que hay una ruptura del orden constitucional y democrático en el país, propuesta que ha sumado voluntades entre los países miembros de la OEA y que ha servido para exponer internacionalmente la crisis venezolana.

Todo esto puede traducirse en un repunte del riesgo país y en un recrudecimiento de la incertidumbre sobre la evolución del país, lo que podría influir en los mercados y afectar algunas tentativas financieras del Gobierno.

Sin embargo, si la tensión coyuntural bajara sin que se produzcan decisiones internacionales de peso o situaciones internas que influyan en la continuidad de la gestión oficial es muy probable que el Ejecutivo concrete algunas de las operaciones que ya tiene negociadas en las áreas petrolera y minera, lo que le daría un alivio financiero importante y la posibilidad de superar este período tan complejo.

Unidad Periodística de Econométrica