La nómina le cuesta al fisco más de Bs 3 billones
El Gobierno previó para remuneraciones y pensiones 383 millardos de bolívares, pero ha tenido que disparar el gasto adicional para atender los compromisos con los trabajadores.
La nómina estatal es costosa. Los incrementos de salarios impactan en las cuentas fiscales.
Frente a la elevada inflación, el Gobierno ha aprobado cuatro ajustes entre febrero y noviembre que abarcan no solo la revisión del salario mínimo y las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) sino también del bono de alimentación y de la escala de salarios de los empleados públicos.
Para las remuneraciones y las pensiones la administración de Nicolás Maduro contempló en el presupuesto de 2016 383 millardos de bolívares, sin embargo, ese monto se quedó corto frente a los compromisos que han surgido y las necesidades de los entes oficiales para atender el gasto de personal. A lo largo del año el primer mandatario ha aprobado créditos adicionales para los pagos laborales por 3,7 billones de bolívares. Suma que supera en 866% a la asignación inicial.
El gasto es alto porque la nómina estatal es elevada. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en abril de 2016 el sector público tenía 2,7 millones de trabajadores, mientras que en igual lapso de 2006 eran 1,8 millones. Ese número se ha disparado por la decisión del Estado de incrementar su participación en los sectores clave de la economía.
Adicionalmente, el número de pensionados del Seguro Social, de acuerdo con lo indicado por las autoridades, llega a tres millones de personas, y hace 10 años estaban por el orden de los 900.000.
Las autoridades cuando elaboran el presupuesto colocan ingresos y egresos muy por debajo de las necesidades reales y para cubrir las obligaciones tramitan créditos. Este año esas operaciones, en términos nominales, superan en 252% a las aprobadas en el mismo período de 2015 que fueron 1,05 billones de bolívares.
Para soportar ese gasto adicional en salarios, el Ejecutivo raspa la olla y utiliza varias fuentes de recursos. Los compromisos se han cubierto con el dinero no ejecutado en 2015 que se transfirió al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), los ingresos tributarios y el financiamiento monetario, es decir, los bolívares que fabrica el Banco Central de Venezuela (BCV) para los entes oficiales.
Estos créditos los autoriza directamente Maduro, porque con el decreto de emergencia económica le quitó la potestad a la Asamblea Nacional de revisar las operaciones y verificar el destino de los fondos.
El rezago y la distorsión
Aunque van cuatro incrementos salarios, estos ajustes no le ganan la carrera a los precios.
El salario mínimo con la última revisión sube a 27.091 bolívares y en el año se ha incrementado en 181%, mientras que la inflación, según diversas firmas económicas, supera el 400%. Por tanto, la capacidad de compra de la remuneración sigue siendo limitada.
En paralelo, el Gobierno ha creado una distorsión y el bono de alimentación es mayor al salario. Con la última revisión sube a 63.720 bolívares con lo cual se ha incrementado 844% en el transcurso de 2016. Por esos cambios, el grueso de lo que perciben los trabajadores es para adquirir comida.
Mayela Armas
