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Una vuelta más a la tuerca

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A finales de la semana pasada fue publicado en prensa lo que ya se venía rumorando en otras instancias. La modificación a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público le permite al Ejecutivo Nacional emitir deuda sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional o la opinión del Banco Central de Venezuela. Sobre la opinión de este último, no es que podamos decir mucho. Una vez convertido en el ministerio de asuntos monetarios; la opinión del Banco Central de Venezuela actual, en dado caso que tuviese una propia, poco le podría importar al Ejecutivo Nacional. El hecho de que se elimine el requerimiento de autorización de la Asamblea Nacional para emitir deuda, aun cuando sea en teoría en situaciones extraordinarias, es más preocupante.

Es curioso que teniendo una holgada mayoría parlamentaria el Ejecutivo Nacional haya optado por seguir derruyendo el rol contralor de la misma. Esta es el único poder legislativo del Mundo que sistemáticamente vota para perder competencias. Claro está, la actual mayoría de Asamblea Nacional es solo un conjunto de arribistas cuyo solo objetivo en la vida es perpetuar el actual gobierno en ejercicio. Bajo esta óptica es perfectamente entendible que constantemente se dediquen a aprobar las leyes que desde el ejecutivo se les dicta. En Venezuela se debería establecer un registro claro y público de cómo vota cada diputado en la Asamblea Nacional de manera que algunos de estos personajes no los veamos en algunos años diciendo que ellos no tuvieron nada que ver cuando tengamos que recoger los vidrios.

En realidad esta modificación a la ley no debería sorprendernos. Esto es solo un capítulo más en la ya demasiada larga historia de cómo se ha destruido la institucionalidad alrededor del presupuesto nacional. El actual gobierno ha hecho un terrible daño económico y social al país, en pocos aspectos este daño es tan notorio como en el manejo de los dineros públicos. Como hemos comentado en otras ocasiones, el establecimiento de fondos públicos y presupuestos paralelos que puedan ser manejados a discreción del Ejecutivo Nacional y sin supervisión de ningún ente son el perfecto caldo de cultivo para el peculado y otros delitos. Esta nueva vuelta a la tuerca restringe aun más el rol contralor de la asamblea y hace más turbio el manejo de la deuda pública.

Entre las miles de razones para oponerse a la actual constitución estaba la eliminación de la bicameralidad del Poder Legislativo. Obviamente, es mucho más fácil controlar una Asamblea Nacional que un Senado y un Congreso. El país entusiastamente votó a favor de una constitución que a todas luces facilitaba el camino a un estado fuertemente centralizado bajo el poder del Ejecutivo. Lo que estamos viendo ahora solo es la continuidad de ese proyecto político. La consolidación del poder Ejecutivo y la eliminación del rol contralor de la Asamblea Nacional desde el comienzo del actual régimen, es algo a lo que debemos acostumbrarnos mientras no tengamos un nuevo gobierno. De todas formas vale la pena recordar que este proceso de destrucción institucional ha tenido y tendrá costos importantes. Los casos de corrupción que saldrán a la luz una vez que cambie el ánimo de los electores venezolanos harán palidecer cualquier caso de la denostada democracia “puntofijista”. Lo importante como sociedad es entender que la institucionalidad es fundamental en el desarrollo de un país y que es absolutamente necesario recuperar un manejo de las finanzas públicas donde exista un verdadero rol contralor de la Asamblea Nacional y de otros organismos. Confiar únicamente en la buena voluntad de los políticos nunca ha sido una buena estrategia a la hora de garantizar el buen uso del dinero público. La actual clase dirigente no constituye una excepción a esta regla.

Francisco Ibarra Bravo

@franibar10