El rapto de la estadística
Como en la escultura de Giambologna hay tres figuras. La primera es la mujer raptada, tratando se zafarse de los brazos de su captor. La segunda el romano que se la lleva, y tercero el sabino vencido en el suelo. En Venezuela se viene dando desde hace mucho tiempo un rapto continuado.
Este rapto es la continuación de un proceso que se inició en 1999 que consiste en utilizar todas las instituciones del Estado para favorecer a quienes gobiernan. La degeneración institucional le permitió al gobierno hacerse con el control de dos instituciones que por ley deberían ser autónomas. Estas dos instituciones son el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambos organismos son los responsables de producir y publicar las estadísticas nacionales, entre ellas las estadísticas económicas.
Tanto el INE como el BCV han sido utilizados de forma ilegal para malear las estadísticas nacionales para favorecer el discurso oficial. Además, el BCV opera hoy como la caja chica de PDVSA y el fisco en violación flagrante de las leyes. No conforme con este triste papel al que han puesto a jugar al BCV y el INE, dese hace algunos años el Gobierno ha presionado a estos organismos para que limiten y retrasen la publicación de estadísticas económicas, a la que por ley todos los venezolanos tenemos derecho.
Cuando la manipulación de las cifras ya no es suficiente para ocultar el desastre económico, se ha hecho necesario que Nelson Merentes y su combo rapten las estadísticas del país. Ya ni siquiera es un secuestro, el Gobierno no tiene interés alguno en entregar las estadísticas a sus verdaderos dueños: los ciudadanos. El Gobierno mediante su ministerio de asuntos monetarios, otrora llamado BCV, privatiza información pública tan valiosa como la inflación y cuentas nacionales. Esta información es vital para la planificación estratégica de los agentes económicos; que ahora se ven en la necesidad de pagar por obtener información que debería ser pública. El directorio del BCV es por lo tanto responsable de apropiación indebida de un bien público. La información estadística no solo debe ser pública sino oportuna.
Las estadísticas, maleadas en muchos casos, se siguen calculando. El Estado dedica recursos importantes para la recolección y procesamiento de estas cifras. La crisis económica no ha impedido a los organismos poder llevar a cabo su deber. Los ciudadanos con nuestros impuestos, incluida la inflación, estamos sufragando los costos de poder contar un sistema de estadísticas nacionales. Pese a asumir los costos no se nos está entregando la información.
El rapto de la estadística por el Gobierno y sus agentes en diferentes organismos públicos es un acto ilegal y que destruye la rendición de cuentas a la que debe estar sujeto todo gobierno democrático. La opacidad del Gobierno a todo nivel contrasta con el proyecto ofrecido de democracia participativa y protagónica. Hoy los venezolanos somos menos ciudadanos de lo que éramos en 1998. El Gobierno no rinde cuentas y privatiza información que debería ser pública. Esperemos que esto no se salde como aquel rapto, cuando quienes perpetraron el atropello al final terminaron saliéndose con la suya.
Francisco Ibarra Bravo
Director de @Econometrica
