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El fantasma del default para finales de año hace temer por un descalabro del país

Los mercados siguen intranquilos respecto a Venezuela. Ni las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro hace unas semanas ni el pago de 1.500  millones de dólares en capital más 728 millones de dólares en intereses de bonos de la República, la última semana de febrero, logran devolver la confianza en el país.

La posibilidad de un default sigue rondando la mente (y los bolsillos) de los inversionistas, quienes mantienen sus dudas respecto a las posibilidades de que Venezuela y Pdvsa honren sus compromisos previstos para  la segunda parte del año.

Si bien en 2015 la nación hizo frente al pago de más de 10.000 millones de dólares de deuda, la caída de los ingresos petroleros en 2015, estimada en cifras superiores a 60%, y la contracción calculada para este año en un porcentaje ligeramente superior, tensan la confianza.

Algunas bancas de inversión y analistas han manifestado su preocupación en relación a lo que podría pasar en octubre y diciembre, cuando Petróleos de Venezuela deba cancelar 5.400 millones de dólares entre capital e intereses del bono Pdvsa 2016 y la segunda amortización del bono 2017.

“La pregunta no es si Venezuela caerá en cesación de pagos, sino cuándo lo hará”, le dijo a Wall Street Journal Russ Dallen, socio del banco de inversión  Latinvest Group Holdings.

Una cesación de pagos cerraría las líneas de crédito al país y la nación correría el riesgo de que sean embargados la producción de crudo y los activos de Venezuela en el exterior, con el consecuente deterioro de la ya golpeada economía local.

En un país en el que la producción del sector privado está mermada por el recorte en las importaciones de materias primas para elaborar alimentos y medicinas, y en el que la producción pública es inexistente, cabe preguntarse cómo afectaría al ciudadano común una cesación de pagos.

Una moratoria traería de forma inmediata una suspensión de las cartas de crédito y las líneas de comercio, lo que afectaría toda la importación pública y privada. Es previsible pensar que habría de inmediato una restricción aún mayor de la compra externa de materia prima y del abastecimiento interno de alimentos y medicinas.

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) informó que en enero de 2016 la producción de alimentos procesados cayó 16% respecto al mismo período del año pasado y advirtió que además de ocho rubros cuya producción está paralizada (salsa de tomate, atún, gelatina, mortadela, avena, flan en polvo, bebidas en polvo y quesos untables), están en riesgo de correr la misma suerte otros siete (aceite, refrescos, jugos, arroz, salchicha y mayonesa). Igualmente, la Cámara de Droguerías alertó acerca del desabastecimiento de 90% de las medicinas.

Un escenario de impago, además del recrudecimiento de la escasez, desataría el demonio de la hiperinflación, que está amarrado, en estos momentos, con delgados hilos.

Para Guillermo García N., economista y articulista, “en un evento crediticio de impago, las importaciones se cerrarán de inmediato y, en el mediano plazo, todo dependerá de la alternativa que el gobierno tome”.

Aunque muchos venezolanos creen que una cesación de pago a tenedores de bonos no les afectará, porque ellos no son acreedores, Alberto Hurtado B., economista, profesor universitario y articulista, advierte que “el default irremediablemente generará mayor pobreza de la población y estancamiento económico, por lo cual deben tomarse las decisiones que lo eviten”.

El catedrático enumera las consecuencias inmediatas de no hacerle frente a las obligaciones previstas para finales de año e indica que habría un “cierre de los mercados financieros internacionales; el gobierno y el sector privado no podrán recurrir al financiamiento externo para atender sus compromisos en moneda extranjera (financiar importaciones) y obligaciones en moneda nacional (corregir su déficit presupuestario), lo cual incrementa la probabilidad de mayor emisión monetaria con sus consecuentes presiones inflacionarias, pérdida de credibilidad de la nación y aparición de barreras y restricciones al retorno del país al mercado internacional de capitales”.

Agrega, además, que habría un aumento inmediato de la fuga de capitales por incertidumbre del escenario económico, lo que provocaría mayores presiones sobre el mercado cambiario y las ya mermadas reservas internacionales del país.

Teme que se produzca “una reducción de la inversión extranjera directa (en los proyectos petroleros y gasíferos básicamente), lo que conllevaría a la paralización de proyectos en desarrollo, exacerbaría el estancamiento de la producción y trasladaría a la economía nacional de los actuales niveles de escasez y desabastecimiento a una situación de hambruna”.

Todo esto traería “una mayor recesión, con el peligro de una depresión, ante la falta de inversiones, creciente desconfianza, más inflación, ausencia de financiamiento genuino (abundarán los billetes de monopolio) y encarecimiento del crédito doméstico”, recalca Hurtado.

Cualquier escenario luce catastrófico para la economía doméstica, pues el gobierno de Maduro ya redujo drásticamente las importaciones de alimentos y medicinas con el objetivo de preservar dólares para pagarles a los tenedores de bonos, señalan las bancas de inversión.

Otros economistas advierten que Maduro pasó el punto de no retorno en cuanto a unificación cambiaria, estabilidad  y generar confianza. Especialmente porque el 17 de febrero no hubo ningún anuncio de medidas de estabilización, aseguran.

WSJ sentencia que “salvo que se produzca un súbito repunte de los precios del petróleo, Venezuela tendrá que reestructurar pronto su deuda para no caer en cesación de pagos”.

En este sentido, el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, ha dicho esta misma semana a la agencia de noticias Reuters que la petrolera estatal está en conversaciones con la banca internacional para un posible refinanciamiento de su deuda.

¿El costo de ese refinanciamiento? Ese es otro tema.

Luisa Maracara

@lmaracara