“Bonificación del salario” deteriora derechos de los trabajadores
… La evolución reciente muestra que la política salarial ha socavado los derechos de la masa trabajadora y no por ello ha logrado ser eficiente para preservar el ingreso de la población.
El vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, en la presentación de la Memoria y Cuenta de 2016 al TSJ destacó la política salarial del Gobierno como uno de sus logros principales. Sin embargo, esta política posee deficiencias estructurales severas que a la larga terminan por ir en detrimento de los propios trabajadores.
“Como parte de la política de protección al salario y al poder adquisitivo de nuestro pueblo, el Gobierno entre enero 2016 y enero de 2017 realizó cinco incrementos de salario mínimo de los trabajadores, pasado el salario integral de 16.399 bolívares a 104.359 bolívares, lo que representó un aumento del 536% en el salario integral, con lo que combatimos y hasta superamos la inflación inducida por la guerra económica”, argumentó El Aissami quien, sin ofrecer cifras específicas, dejó asomar que la inflación de 2016 estuvo alrededor de 500%.
Más allá del hecho de que los reiterados aumentos al no venir acompañados de soluciones de fondo al problema inflacionario terminan por convertirse en gasolina que acelera la pérdida del poder de compra del ingreso, la forma como se implementan los ajustes genera una distorsión adicional sobre la naturaleza del salario.
La política oficial se ha concentrado en incrementar lo que se llama el ingreso integral. Esto se ha hecho por la vía de aumentar el peso del ticket de alimentación con respecto al que tiene el salario en el pago final que recibe el trabajador.
En un primer momento la composición del ingreso puede pasar inadvertida por el trabajador, quien sólo aspira a percibir más recursos para intentar hacer frente a la abrasión inflacionaria. Pero a la larga la estrategia oficial constituye en sí misma un deterioro de las conquistas laborales históricas, pues el bono alimenticio no cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales, lo que lesiona a los asalariados.
Pérdida sobre pérdida
La “desalarización” del ingreso o la “bonificación” del salario es un fenómeno que se ha acentuado en los últimos dos años en Venezuela, tras la promulgación en Gaceta Oficial No. 40.773 del “cesta ticket socialista”. El Gobierno indicó entonces que la medida buscaba mejorar el beneficio del bono de alimentación y corregir algunos vacíos en su implementación.
Sin embargo, la medida fue cuestionada de inmediato por diversos sectores porque se advertía que la naturaleza de la norma debilitaría los beneficios de los trabajadores que se habían consagrado desde 1996, con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, con la cual fueron “salarizados” los distintos bonos con los que se complementaba el ingreso básico. En ese entonces el 71,1% del ingreso provenía de bonos y el resto era el salario como tal.
Provea criticó que “el cesta ticket socialista carece de efectos salariales y no se pueden capitalizar sus efectos, lo que reduce aún más la ya mermada capacidad de ahorro del trabajador”.
Además, advirtió que este tipo de mecanismos “representan un fenómeno muy preocupante en tiempos de alta inflación, poca o nula negociación colectiva de ajustes a los beneficios socioeconómicos de los trabajores y trabajadoras del país, y de ataques crecientes al sindicalismo autónomo, toda vez que afectan de manera directa e irreversible a la población laboral venezolana que devenga tanto un salario mínimo mensual como sueldos ligeramente más elevados”.
La evolución desde 2015 a la fecha terminó poniendo en evidencia que el cesta ticket socialista efectivamente se convirtió en una bonificación del salario, al punto de que a partir del 1 de marzo la base mensual de pago de los trabajadores es de 40.638 bolívares por salario mínimo y de 108.000 por bono de alimentación.
Es decir, que el ingreso quedó compuesto en 27% por el salario y 73% por la bonificación, algo que resulta grave si se toma en cuenta que en el tramo final de 2015 el ingreso integral base estaba integrado en 75% por el salario mínimo y en 25% por el bono de alimentación.
Menos libertades
Además de restringir el beneficio del salario a efectos de prestaciones sociales, la “desalarización” del ingreso también genera limitaciones en las libertades de los trabajadores para disponer de su dinero, ya que el “cesta ticket socialista” está concebido para ser usado en la adquisición de alimentos. Esto implica que la política salarial del Estado da por hecho que casi 80% del ingreso del trabajador se canaliza a comer y que sólo 20% resta para el pago de servicios, salud, educación, vestido y calzado, y recreación.
Aunque no existen cifras oficiales, hay consenso en que la inflación está en el orden de 500% anual. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), la canasta básica familiar costaba 832.259,95 bolívares, de los cuales 621.106,98 bolívares correspondían sólo a costear los alimentos.
La Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) de 2016, arrojó que 93,3% de los venezolanos estima que sus ingresos no son suficientes para la compra de alimentos y que 9,6 millones ingieren dos o menos comidas al día, en un contexto donde 81,8% de los hogares vive en pobreza medida por ingresos.
Unidad Periodística de Econométrica
