Aumenta la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas
Mediante reformas legales y ahora decretos de emergencia Maduro puede gastar, endeudarse y firmar contratos sin pasar por la Asamblea Nacional.
El Presidente Nicolás Maduro por medio de los poderes especiales y los decretos de emergencia económica le restó competencias a la Asamblea Nacional (AN) en materia económica con lo cual se incrementó la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas.
Hasta diciembre de 2015 las leyes y decretos le permitían al Parlamento controlar el gasto, el endeudamiento y los contratos del sector público, pero el oficialismo, que tenía la mayoría, no ejerció esa regulación. De manera que no investigó la ejecución de los egresos de los ministerios y las empresas estatales, el manejo de los fondos paralelos (Fonden y Fondo Chino) y el comportamiento de la deuda pública.
Cuando se instaló la nueva AN, de mayoría opositora, el jefe de Estado recurrió a diversas vías para saltarse los controles que estaban en los marcos legales, y hoy el mandatario puede solicitar créditos adicionales, emitir papeles y firmar contratos sin dar explicaciones a los parlamentarios.
¿Cómo se omite a la AN?
Por medio de la Ley Habilitante, Nicolás Maduro reformó la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y con ello le quitó la potestad a la Comisión de Finanzas de la AN de autorizar las condiciones financieras para emitir los bonos del Gobierno central.
Ese instrumento señala que el Ejecutivo solamente informará semestralmente al Parlamento de los términos que se fijen para las operaciones de endeudamiento. Eso significa que cada seis meses los diputados sabrán cómo fueron las colocaciones en bolívares o en dólares.
Las emisiones correspondientes a la Ley de Endeudamiento de 2016 tuvieron luz verde de la AN antes de la entrada en vigencia de la reforma. Para el endeudamiento de 2017 el Gobierno no tendrá que solicitar el apoyo del Parlamento.
Aunado a las limitaciones con la revisión de la deuda, los diputados tampoco pueden aprobar los créditos adicionales.
Bajo el decreto de emergencia económica de enero de 2016, el mandatario publicó una providencia en la que decidió que los recursos no ejecutados del 2015, más de 300 millardos de bolívares, fueran trasferidos al Fonden a fin de usarlos en diversos proyectos.
Esos recursos que no se llegaban a emplear en un año solían devolverse a la Tesorería Nacional, y luego se utilizaban como fuente de financiamiento de los créditos adicionales del ejercicio siguiente. Por ejemplo, durante la primera mitad del 2015 gran parte de las operaciones que autorizó la Asamblea fueron cubiertas con el dinero que no se ejecutó en 2014.
Ahora el gasto adicional lo administra directamente el primer mandatario, quien ya ha avalado cuatro créditos por 311 millardos de bolívares para cancelar los aumentos de salario mínimo, la escala de sueldos de la administración pública, las pensiones y el bono de alimentación.
Ese volumen de operaciones autorizado en cinco meses supera en 15% al aprobado en el mismo lapso de 2015, que fue por 270 millardos de bolívares.
Esta discrecionalidad en el manejo de los recursos crece con el último decreto de estado de excepción y emergencia económica de mayo de este año que indica que el Ejecutivo podrá aprobar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto “para optimizar la atención de la situación excepcional”.
A ese uso de los recursos se añaden los contratos de interés público, los cuales no requerirán del visto bueno de los parlamentarios.
El decreto indica el Gobierno podrá suscribir “contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país y no serán sometidos a autorizaciones de otros poderes públicos”.
Pero la Constitución en su artículo 150 indica que no podrá celebrarse ningún contrato sin la aprobación de la AN, por ello, los diputados acordaron alertar a las embajadas de todos los países para que sepan que los contratos de interés nacional deben pasar primero por la Asamblea. Y además, indicaron que los contratos concernientes a petróleo y a minería (Arco Minero) no pueden ser llevados a cabo por un decreto de estado de excepción y, serían nulos si no son aprobados.
Hay más. De los acuerdos que se han pactado con China, los que llegaron a pasar por el Parlamento fueron los correspondientes al Fondo Chino y al Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo, y actualmente la República busca recursos con ese país, dado que uno de los tres tramos del Fondo Chino debe renovarse en noviembre. La duda es si ese convenio pasará por la AN.
Mayela Armas
